Fuentes de Datos

Según el diccionario de la Real Academia Española de la lengua, la corrupción en las organizaciones públicas es “la práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas, en provecho de sus gestores”. Es decir, hay corrupción cuando un funcionario público recibe algún beneficio -por ejemplo, económico, político o en especie-, para favorecer a un particular, es decir, a alguien externo a la administración pública.

Por su parte, Transparencia por Colombia diferencia dos tipos de corrupción: “Pequeña corrupción” o corrupción de baja escala, cuando “se conceden gabelas, ventajas o tratamientos preferenciales en contratos de bajo monto o en trámites ante el Estado”. “Gran corrupción” o corrupción de gran escala, que son “actos cometidos en los niveles más altos del gobierno, que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común”.

A nivel internacional, Transparencia Internacional señala que hay gran corrupción cuando se “priva a un grupo social específico o a una parte sustancial de la población de un Estado, de un derecho fundamental; o causa al Estado o a su población una pérdida mayor a 100 veces el ingreso mínimo anual de su población, como resultado de soborno, malversación o cualquier otro acto de corrupción”. Como los actos de corrupción no se limitan al pago de sobornos ni a obtener beneficios económicos, también hay procesos más complejos en los que múltiples actores interactúan para obtener beneficios variados, desde favorecimiento político hasta favorecimiento legal.

En estos procesos usualmente se conforman macro y súper redes de corrupción y cooptación institucional que pueden extenderse a varias regiones o incluso países, y que son difíciles de identificar y entender. En esta sección de análisis de redes, PACO cuenta herramientas para explorar extensas redes que potencialmente sustentan fenómenos complejos de corrupción que usualmente pasan desapercibidos. El análisis de redes criminales permite entender el contexto de acción de nodos/agentes que persiguen objetivos ilícitos, y dicho contexto puede estar conformado por otros nodos/agentes que no han cometido algún acto ilícito.

Esto quiere decir que en el caso de los nombres que aparezcan en un espacio de trabajo, de personas acusadas pero que aún no han sido condenadas judicialmente, siempre se preserva la presunción de inocencia en garantía de los derechos individuales y del debido proceso. La verdad judicial es jurisdicción de las cortes, las cuales, por ley, deciden si los acusados son inocentes o culpables. Lo mismo aplica para las sanciones disciplinarias, fiscales y administrativas.

Por esto, se aclara que aparecer en una red de corrupción no implica necesariamente haber cometido un acto ilegal o estar involucrado en una empresa criminal por agencia activa. Es siempre posible que una personas natural o jurídica, a pesar de promover actividades legales y lícitas, “pertenezca a”, “participe en”, “esté conectado a” o aparezca en una red ilícita como resultado de la coerción o el engaño, o por fallas en los procesos preliminares que enmarcan investigaciones judiciales, o por cualquier otro motivo no relacionado con la comisión de actos criminales. Es decir, aparecer en una red ilícita no es una prueba de haber cometido un acto ilícito.