Alrededor del mundo los programas de alimentación escolar, PAE, son prioritarios porque ayudan a disminuir la desnutrición infantil y a aumentar los niveles de escolaridad. Sin estos programas, millones de niños y niñas usualmente tendrían que ayudar a sus padres en las labores de subsistencia económica del hogar; por este motivo, al contar con la garantía de alimentación diaria, los padres de familia de grupos económicamente vulnerables se aseguran de que sus hijos asistan a los centros educativos porque así reciben una correcta nutrición sin destinar los recursos ya escasos de la familia.
Sin embargo, en Colombia los PAE son un constante escenario institucional de corrupción e irregularidades cometidas por empresas operadoras que reciben los recursos, pero incumplen reiteradamente en los términos de calidad, cantidad y oportunidad de los alimentos proporcionados.
La Base de Interacciones y la red de este espacio de trabajo contiene información procedente de investigaciones y fallos de expedientes disciplinarios públicos adelantados por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal. Específicamente, este espacio de trabajo contiene información acerca de irregularidades en la administración del PAE en los departamentos de Guajira, Caquetá y Putumayo, donde empresas operadoras han manipulado los controles administrativos locales y nacionales para acaparar la contratación de la operación de los PAE a pesar de sus incumplimientos. Para esto, unas pocas personas naturales conforman personas jurídicas legítimas y ficticias que, por ejemplo, se certifican experiencia y se contratan mutuamente.
La versión de la Base de Interacciones aquí expuesta fue consolidada durante un proyecto de fortalecimiento técnico a la Procuraduría General de la Nación, desarrollado por Fundación Vortex con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, en 2020. Luego, está información fue publicada por la Procuraduría General de la Nación en su página durante 2021.