Desde 2016, el conjunto de casos judiciales conocida como “Lava Jato” conmocionaron la vida política e institucional de Brasil, al implicar a los funcionarios públicos, los líderes políticos y los empresarios más importantes del país. Luego, como resultado de investigaciones adelantadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la empresa brasilera Odebrecht, en la mayoría de América Latina se iniciaron investigaciones acerca de actos de corrupción y financiamiento electoral ilícito cometidos por esta empresa para acceder a contratos de infraestructura a nivel nacional y local. Como resultado de estas investigaciones, y de la información proporcionada por la misma empresa Odebrecht, han sido investigados y condenados presidentes, expresidentes, gobernadores, alcaldes y empresarios en varios países de América Latina.
Por su parte, según los hallazgos del Departamento de Justicia, la empresa brasilera Odebrecht habría pagado sobornos por USD$11 millones entre 2009 y 2014 a funcionarios públicos colombianos para obtener contratos; cifra que posiblemente ascendería a US$29 millones en presuntas donaciones indebidas a campañas y otros pagos indebidos a políticos y empresarios. Tal como sucedió en la mayoría de los países de América Latina, estos pagos se habrían desarrollado mediante contrataciones ficticias y simuladas con empresas creadas en varias jurisdicciones.
En mayo de 2017 una comisión de la Corte Suprema de Justicia y de la Procuraduría General de la Nación de Colombia visitó el Ministerio Público de Brasil para conocer las pruebas que involucraban a funcionarios públicos colombianos. Luego, se iniciaron los trámites para conocer las declaraciones de los directivos de Odebrecht en Colombia, Elauberto Martorelli y Luiz Bueno, que informaban acerca de los sobornos pagados entre 2010 y 2014, y que fueron incluidas en los expedientes que posteriormente adelantó la Corte Suprema de Justicia contra exsenadores . Adicionalmente, el 21 de diciembre de 2016 la Fiscalía General de la Nación de Colombia celebró un acuerdo de colaboración con Constructora Odebrecht, con la Procuraduría de Brasil, con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y con la Procuraduría General de Suiza, en el que Odebrecht reconoció haber pagado sobornos en Colombia por un valor de USD$ 11 millones entre 2009 y 2014, para obtener contratos de obra pública.